Congreso de EE. UU. impulsa ley para proteger a 600 mil venezolanos del riesgo de deportación
Un proyecto bipartidista busca restituir el TPS para los venezolanos en EE. UU. tras la decisión de suspender su extensión, permitiéndoles trabajar y permanecer legalmente.
Un grupo bipartidista de congresistas estadounidenses ha presentado un nuevo proyecto de ley en la Cámara de Representantes para restituir el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 600 mil venezolanos actualmente radicados en Estados Unidos. Esta iniciativa surge como respuesta a la reciente decisión del Departamento de Seguridad Nacional de finalizar la extensión del programa, que había sido otorgada durante el mandato del presidente Joe Biden.
La propuesta, denominada “Venezuela TPS Act of 2025”, fue impulsada por los representantes demócratas Darren Soto y Debbie Wasserman Schultz, junto a la congresista republicana María Elvira Salazar, todos del estado de Florida, que alberga a una de las comunidades venezolanas más grandes del país.
El proyecto contempla la concesión automática del TPS por un periodo de 18 meses renovables, permitiendo así a los beneficiarios trabajar legalmente y evitar la deportación. La medida busca brindar estabilidad a quienes han huido de la crisis humanitaria en Venezuela y actualmente se encuentran en situación de vulnerabilidad jurídica.
“Eliminar el TPS dejaría a miles de familias en un limbo legal y moralmente inaceptable”, afirmó el congresista Soto, señalando además que muchas de estas personas también han sido afectadas por la suspensión de programas como el ‘parole’ humanitario.
Por su parte, Wasserman Schultz subrayó que los beneficiarios del TPS no son criminales. “Están aquí legalmente, han pasado rigurosos controles de antecedentes y contribuyen activamente a la economía y al tejido social de nuestro país”, puntualizó.
La ciudad de Orlando y el condado Miami-Dade concentran buena parte de los venezolanos amparados bajo el TPS o programas de alivio humanitario, por lo que el apoyo a esta ley ha sido especialmente fuerte desde Florida, donde también se ha intensificado el debate político migratorio.
La propuesta aún debe superar el trámite legislativo, pero ha generado expectativas positivas entre activistas, organizaciones de derechos humanos y las comunidades migrantes. En medio de un año electoral, este tipo de iniciativas refleja el impacto que tiene la diáspora venezolana en la agenda política de Estados Unidos.
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