Enrique Márquez entre beneficiarios: CIDH emite medidas urgentes por detenciones y desapariciones
El organismo interamericano alertó sobre la gravedad y urgencia de los casos de Enrique Márquez, Macario Bonifacio González Arias y otras dos ciudadanas, cuyo paradero y condiciones permanecen sin esclarecer.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a encender las alarmas sobre la situación de derechos humanos en Venezuela al otorgar medidas cautelares a favor de Enrique Márquez, excandidato presidencial detenido desde enero de 2025, y de otras tres personas cuyo paradero se desconoce desde septiembre del mismo año. La resolución también incluye protección para el núcleo familiar de una de las víctimas, ante los señalamientos de hostigamiento y seguimiento por parte de agentes estatales.
La decisión, emitida en la Resolución 83/2025 del 17 de noviembre, sostiene que todos los beneficiarios enfrentan “una situación de gravedad y urgencia” y que sus derechos a la vida, integridad personal y salud corren un “riesgo de daño irreparable”. En un contexto donde las desapariciones y las detenciones sin información oficial se han vuelto más frecuentes, la advertencia de la CIDH adquiere una relevancia política y humanitaria determinante.
El caso de Enrique Márquez: detención, incomunicación y vacío informativo
Enrique Márquez, político zuliano y candidato en las elecciones del 28 de julio de 2024, fue detenido el 7 de enero de 2025 por hombres armados vestidos de civil. Desde entonces, según la CIDH, no existe claridad sobre sus condiciones de detención ni sobre su estado de salud. La falta de comunicación con familiares y representantes agrava un escenario que el organismo considera de alto riesgo.
La Comisión subraya que el Estado venezolano no proporcionó información sobre su situación procesal, ni confirmó si ha sido presentado ante un tribunal competente, como exigen los estándares mínimos de protección judicial.
Tres personas desaparecidas desde septiembre de 2025
El panorama es aún más crítico para Macario Bonifacio González Arias —exdiputado, exalcalde y dirigente opositor—, Merys Torres de Sequea y Ana Zoris Gutiérrez Torres. Todos fueron detenidos en septiembre de 2025 y, desde entonces, su paradero es desconocido. La CIDH advierte que, a medida que pasa el tiempo sin información oficial, aumenta el riesgo de afectaciones irreparables a sus derechos fundamentales.
Además, la esposa, hija y nieta de González Arias habrían sido objeto de seguimiento, presencia de vehículos sospechosos cerca del colegio de la menor y otros actos de intimidación, lo que refuerza la urgencia de intervención internacional.
Falta de respuesta del Estado y bloqueo de recursos internos
Uno de los elementos más graves señalados por la CIDH es la “imposibilidad” de los familiares y representantes de activar recursos internos efectivos para proteger a las víctimas. En todos los casos, el Estado venezolano no aportó información sobre las detenciones, las causas penales ni las medidas adoptadas para garantizar la integridad de los afectados.
La Comisión insiste en que el Estado debe aclarar si las personas se encuentran bajo custodia, indicar el lugar y las circunstancias de su detención, facilitar la comunicación con familiares y abogados, y garantizar una evaluación médica inmediata y transparente.
Un precedente que se inscribe en una crisis estructural
Las medidas cautelares no constituyen un prejuzgamiento sobre responsabilidades estatales, pero sí representan una señal inequívoca del deterioro institucional en Venezuela. Cuando un organismo como la CIDH, órgano principal de la OEA, alerta sobre riesgo de daño irreparable a ciudadanos detenidos o desaparecidos, no solo se trata de casos aislados: se trata de un síntoma de una crisis estructural en la que la opacidad estatal y la ausencia de controles se han normalizado.
En un país donde la justicia es cada vez menos accesible, la vigilancia internacional continúa siendo uno de los pocos mecanismos que obliga al Estado a responder. Y aunque la adopción de estas medidas depende de la voluntad venezolana, su existencia es un recordatorio de que las desapariciones, la incomunicación y la arbitrariedad no pueden —ni deben— quedar fuera del escrutinio regional.
Las medidas cautelares de la CIDH, más que un trámite jurídico, son un llamado urgente a restituir garantías básicas y a impedir que la incertidumbre se convierta en destino.
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