Gobierno denuncia “colonialismo jurídico” tras decisión de la CPI de cerrar su oficina en Caracas
La Cancillería acusa a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de ignorar compromisos y actuar bajo intereses hegemónicos al alegar falta de avances en Venezuela.
El gobierno nacional cuestionó este lunes la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de cerrar su oficina en Caracas, acusando al organismo de desatender sus responsabilidades y de justificar lo que calificó como un “colonialismo jurídico” contra Venezuela. La reacción se produjo luego de que la CPI argumentara que no existe un “progreso real” en su relación con el país.
A través de un comunicado divulgado redes sociales, la Cancillería afirmó que Venezuela ha mantenido una cooperación “de buena fe” con la Fiscalía, pese a considerar que el proceso que adelanta la CPI “no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma”. Según el texto oficial, la actuación del organismo responde a una “agenda antiVenezuela impulsada desde centros hegemónicos”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que, pese a sus objeciones, el país se comprometió con mecanismos de “complementariedad positiva” orientados a fortalecer las capacidades nacionales y garantizar la administración de justicia dentro del territorio, reiterando que la jurisdicción venezolana es “insustituible”.
El cierre de la oficina de la CPI en Caracas marca un nuevo capítulo en las tensiones entre el gobierno y el organismo internacional, en medio del examen preliminar que mantiene el tribunal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Las autoridades venezolanas no adelantaron si tomarán nuevas medidas tras el anuncio.
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