Venezuela anuncia amnistía general para presos políticos: un giro clave tras liberaciones parciales
La presidenta (e) Delcy Rodríguez presentó un proyecto de ley de amnistía general para excarcelar y borrar causas judiciales de cientos de presos políticos, en un contexto de presión social e internacional.
El gobierno de Venezuela, anunció este viernes un ambicioso plan para aprobar una amnistía general destinada a los presos políticos, en una jugada política que busca responder a demandas internas y reducir las tensiones tras semanas de liberaciones parciales y críticas por falta de transparencia.
La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció desde un acto en el Tribunal Supremo de Justicia que promoverá una ley de amnistía general ante la Asamblea Nacional, la cual se prevé que sea discutida y aprobada la próxima semana, con el objetivo de “favorecer la convivencia” nacional y borrar formalmente los cargos contra detenidos por razones políticas.
Rodríguez también hizo un llamado a evitar la “violencia o la venganza” y subrayó que la iniciativa fue tratada junto a Nicolás Maduro, lo que, según ella, representa un esfuerzo conjunto por la reconciliación política del país.
Alcance de la amnistía y exclusiones
La futura ley, según declaraciones oficiales, excluiría casos relacionados con homicidio, tráfico de drogas y delitos comunes, concentrándose en personas encarceladas por motivos que el gobierno considera políticos.
Este anuncio se produce en un contexto en el que diversas organizaciones de derechos humanos han documentado liberaciones parciales de presos políticos desde principios de enero, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses. El grupo defensores Foro Penal estima que más de 700 personas siguen detenidas por razones políticas y miles están sujetas a medidas judiciales restrictivas.
Tensiones internas y movilización social
El anuncio, además de intentar consolidar un gesto político de reconciliación, llega en medio de la presión social creciente, con familiares de detenidos organizando vigilias frente a cárceles como El Helicoide, Rodeo I y Zona 7, exigiendo libertades plenas y la publicación de listas oficiales de beneficiados.
Recientemente, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela confrontaron directamente a Rodríguez para demandar la liberación de más de 200 presos políticos, incluidas figuras jóvenes del movimiento estudiantil, evidenciando un malestar que persiste incluso tras las primeras excarcelaciones.
Reacciones de ONG y comunidad internacional
Organizaciones como Foro Penal y Provea han acogido con cautela la propuesta de amnistía, subrayando la necesidad de que incluya criterios claros, transparencia y garantías jurídicas plenas, y que no se limite a ser un simple acto de clemencia estatal. Provea ha advertido que, aunque la liberación de detenidos es urgente, la amnistía no debe ser tratada como un acto discrecional sino como un reconocimiento de violaciones de derechos fundamentales.
En paralelo, gobiernos extranjeros han presionado por la liberación de ciudadanos con doble nacionalidad detenidos en Venezuela, mientras diversas voces internacionales observan el proceso con cautela.
El Helicoide y la justicia venezolana
En el mismo discurso, Rodríguez anunció el cierre y la transformación de El Helicoide, tradicionalmente vinculado a detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos, en un centro de servicios sociales y deportivos, un gesto simbólico que apunta a una ruptura con prácticas represivas del pasado.
La presidenta encargada, también aseguró que su gestión combatirá la corrupción en el sistema de justicia, aunque críticos señalan que dichos compromisos necesitan acciones concretas más allá de discursos.
Esta amnistía general se propone como uno de los movimientos políticos más relevantes de la reciente etapa venezolana, donde la liberación de presos políticos ha sido una de las demandas centrales del sector opositor y de la sociedad civil durante años. Su aprobación en la Asamblea Nacional —controlada por aliados del gobierno— y la implementación efectiva de sus medidas determinarán si se traduce en un avance real hacia una convivencia democrática o si, como algunos analistas advierten, se queda en un gesto simbólico sin cambios estructurales profundos.
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