Luis Emilio Rondón exige transparencia en el uso de ingresos petroleros
El diputado advirtió que la renta energética debe traducirse en salarios dignos, salud y servicios públicos sin admitir cheques en blanco.
Frente al nuevo panorama de negociaciones e inversión en el sector hidrocarburos, la vocería parlamentaria ha enfatizado la urgencia de aplicar un riguroso control social y fiscal sobre los recursos que ingresen al erario público. El diputado Luis Emilio Rondón afirmó que, ante la oportunidad que representan las alianzas estratégicas internacionales, la sociedad venezolana demanda garantías absolutas de probidad y máxima transparencia económica.
El legislador sostuvo que el aparato productivo nacional viene de atravesar un ciclo prolongado de desprofesionalización e inobservancia de normas éticas en la administración energética, escenario que hace imperativo un cambio de rumbo en la gestión de los fondos públicos.
Destino prioritario de la renta energética
Desde la perspectiva del parlamentario, los dividendos económicos derivados de los recientes contratos de producción mixta deben tener un impacto directo e inmediato en la calidad de vida de las familias venezolanas. Rondón subrayó que el flujo financiero procedente de las inversiones internacionales no puede quedar disperso en la burocracia estatal.
Entre las prioridades inmediatas señaladas por la representación legislativa destacan la adecuación y ajuste de los salarios de la fuerza laboral, la revitalización de las redes del sistema de salud y educación pública, así como la inversión estructural para estabilizar los servicios básicos en todo el país.
Contraloría social y ética pública
Con la premisa de que la ruta hacia la recuperación financiera no admite márgenes de discrecionalidad, Rondón aseveró que las autoridades competentes deben responder con rendición de cuentas permanente. “El camino al progreso no admite cheques en blanco”, enfatizó durante su intervención.
El pronunciamiento concluyó con un llamado a instaurar una administración institucional fundamentada en la ética, asegurando que la reconstrucción del modelo económico venezolano dependerá del uso honesto, eficiente y auditable de las divisas provenientes de los recursos energéticos de la nación.
La posición de la vocería parlamentaria ratifica que el éxito de los convenios internacionales no solo se medirá por los barriles extraídos o las cifras de inversión, sino por la capacidad real del Estado para convertir la renta petrolera en estabilidad y bienestar ciudadano.
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