Consultas populares municipales: una deuda pendiente con la participación ciudadana
La Ley Orgánica del Poder Público Municipal exige la consulta ciudadana antes de aprobar ordenanzas, pero en la práctica pocos municipios la cumplen.
La participación ciudadana no es una concesión del poder local ni un gesto de cortesía política. Es una obligación legal y un derecho constitucional que garantiza la legitimidad de las decisiones municipales. Sin embargo, en la práctica, esta obligación se ha convertido en una deuda persistente en la mayoría de los municipios del país.
La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), en su artículo 266, es clara al respecto: los concejos municipales deben consultar a los ciudadanos y a la sociedad organizada durante la discusión y aprobación de los proyectos de ordenanzas. Este proceso tiene como propósito incorporar las propuestas y observaciones de las comunidades, permitiendo que la normativa local surja del consenso y no de la imposición.
El mismo artículo advierte que el incumplimiento de este requisito puede acarrear la nulidad del instrumento jurídico aprobado sin consulta. Es decir, cualquier ordenanza sancionada sin participación ciudadana pierde validez legal, por lo que los concejos municipales están obligados a garantizar procesos abiertos, transparentes y debidamente convocados.
En muchos casos, las consultas populares se han reducido a simples formalidades: reuniones cerradas, convocatorias poco difundidas o espacios donde las opiniones ciudadanas no se incorporan realmente al texto final. Este vacío participativo no solo vulnera la ley, sino que debilita la confianza en las instituciones locales.
Las consultas populares son el medio más directo para que la ciudadanía incida en las políticas públicas municipales. Su adecuada implementación fortalece la democracia local, mejora la calidad de las normas y promueve el control ciudadano sobre la gestión pública.
No se trata de un trámite administrativo, sino de un ejercicio de corresponsabilidad entre los ciudadanos y sus autoridades. La participación real permite que los vecinos se apropien de los asuntos públicos, que comprendan el alcance de las decisiones municipales y que colaboren activamente en la solución de los problemas comunitarios.
En tiempos de desafección política y desconfianza institucional, las consultas populares representan una oportunidad para renovar la legitimidad democrática desde lo local. Cumplir con este mandato no solo es un imperativo jurídico, sino un acto de respeto hacia la ciudadanía.
Si los concejos municipales asumen esta responsabilidad con seriedad, abrirán espacios de diálogo y construirán ordenanzas con verdadero respaldo social. De lo contrario, seguirán legislando de espaldas a la gente, debilitando la institucionalidad y perpetuando la distancia entre el poder y la comunidad.
La ley lo establece con claridad: sin participación ciudadana, no hay ordenanza válida. Hacer de esa premisa una práctica efectiva es el reto que las autoridades municipales aún tienen pendiente.
Por Dr. Alirio Figueroa /
