Gobierno Trump exige a universidades datos raciales para revisar admisiones
La Casa Blanca ordenará a las universidades que reporten perfiles raciales de nuevos estudiantes para detectar posibles sesgos en admisiones tras fallo de la Corte Suprema.
El gobierno de Donald Trump anunció que exigirá a las universidades que entreguen información detallada sobre el perfil racial de sus nuevos estudiantes para evaluar si sus criterios de admisión se basan en la raza. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el presidente firmará un memorándum dirigido a todas las instituciones que reciben fondos federales.
Leavitt compartió el anuncio a través de la red social X, citando un reporte del Daily Caller que tuvo acceso a una hoja informativa sobre el contenido del documento oficial. La orden busca transparentar los procesos de admisión universitaria y combatir lo que el gobierno considera un uso continuo de preferencias raciales.
De acuerdo con el reporte, Trump pedirá a la secretaria de Educación, Linda McMahon, intensificar las verificaciones de precisión en los datos presentados por las universidades a través del Sistema Integrado de Datos de Educación Postsecundaria, y aplicar medidas si las instituciones no cumplen con los estándares federales.
Esta acción se da en el marco de una campaña del gobierno para eliminar políticas de diversidad e inclusión en las universidades públicas y privadas, luego del fallo histórico de la Corte Suprema en 2023 que puso fin a la acción afirmativa en admisiones universitarias.
Los primeros datos divulgados tras esta sentencia ya reflejan cambios significativos en la diversidad racial en instituciones como el MIT, Amherst College y la Universidad Tufts, donde la proporción de estudiantes afroamericanos e hispanos ha disminuido notablemente.
El decano de Admisiones de Tufts, JT Duck, calificó la reducción como “decepcionante”, aunque recordó que el porcentaje actual de estudiantes de color (44%) aún supera cifras previas a 2019.
Este nuevo memorándum busca garantizar que las universidades no participen en prácticas discriminatorias y promueve una mayor supervisión federal sobre los procesos de admisión académica en Estados Unidos.
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