Juez bloquea decreto de Trump sobre ciudadanía por nacimiento y abre batalla legal
Dos demandas contra la orden ejecutiva avanzan en los tribunales, cuestionando la capacidad del presidente para alterar derechos consagrados en la Enmienda 14 de la Constitución.
El decreto del expresidente Donald Trump que busca eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento enfrenta su primera gran resistencia legal, tras el bloqueo temporal emitido por un juez de distrito en Washington este jueves. La orden ejecutiva, que estaba programada para entrar en vigor el 20 de febrero, ha generado una ola de demandas por parte de estados y organizaciones de derechos civiles.
El juez John C. Coughenour, quien revisa el caso liderado por Washington, Arizona, Illinois y Oregon, argumenta que el derecho a la ciudadanía por nacimiento está protegido por la Enmienda 14 de la Constitución. Este principio, conocido como jus soli, establece que cualquier niño nacido en Estados Unidos es automáticamente ciudadano, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
En paralelo, otra demanda, liderada por organizaciones como CASA y ASAP en Maryland, ha logrado que la jueza Deborah L. Boardman fije una audiencia inicial para el 5 de febrero. Este caso, presentado en nombre de mujeres embarazadas, argumenta que el decreto de Trump deja a miles de bebés por nacer en un limbo legal, afectando a familias de dreamers, portadores de visas, refugiados y solicitantes de asilo.
La orden ejecutiva de Trump alega que los hijos de inmigrantes indocumentados no están bajo la jurisdicción de Estados Unidos, por lo que no deberían ser considerados ciudadanos. Sin embargo, los demandantes sostienen que el presidente carece de autoridad para revocar un derecho constitucional mediante un decreto.
Aunque esta no es la primera vez que Trump intenta acabar con la ciudadanía por nacimiento, expertos legales prevén que el caso llegue a la Corte Suprema. De no lograr un fallo favorable, el mandatario necesitaría impulsar una reforma constitucional, un proceso largo y complejo que requiere el apoyo de dos tercios del Congreso y la ratificación de los estados.
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