Lista de venezolanos enviados a Guantánamo genera incertidumbre y polémica
The New York Times publicó los nombres de 53 venezolanos deportados a Guantánamo. Familiares denuncian falta de información y rechazan supuestos vínculos con el Tren de Aragua
El diario The New York Times publicó este jueves la lista de 53 venezolanos migrantes que fueron enviados a la base militar de Guantánamo por el gobierno de Donald Trump. La publicación, firmada por los periodistas Carol Rosenberg y Charlie Savage, destaca que las autoridades estadounidenses no han divulgado oficialmente los nombres, lo que ha dificultado que sus familiares conozcan su paradero y ha complicado el trabajo de sus abogados.
El Times precisó que la lista respeta los datos del Sistema de Localización de Detenidos en Línea del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Sin embargo, tres de los nombres incluidos en la lista no figuran en el sistema, lo que ha generado aún más incertidumbre sobre su situación.
Familiares niegan vínculos con el Tren de Aragua
Tras la publicación de la lista, algunos familiares de los detenidos desmintieron su supuesta relación con la organización criminal Tren de Aragua. Eucaris Gómez, hermana de Tilso Gómez, denunció en una entrevista con Telemundo que su hermano, quien aparece en la lista, no tiene antecedentes penales ni pertenece a grupos delictivos.
“Él es un hombre trabajador, mecánico y padre de siete hijos. No entendemos por qué lo enviaron a Guantánamo en lugar de deportarlo a Venezuela”, expresó Gómez, visiblemente angustiada.
Por su parte, Yajaira Castillo, hermana de Luis Alberto Castillo, también incluido en la lista, rechazó las acusaciones que lo vinculan con el Tren de Aragua. Según explicó, su hermano fue estigmatizado por sus tatuajes.
“Es inocente, humilde y trabajador. No es un delincuente”, afirmó Castillo, exigiendo mayor claridad sobre su situación migratoria.
La publicación de The New York Times ha reavivado el debate sobre el trato que reciben los migrantes venezolanos en EE. UU., así como la falta de transparencia en los procedimientos de detención y deportación.
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