Reforma petrolera y el nuevo tablero energético venezolano
Un análisis necesario sobre la reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos y sus implicaciones económicas, jurídicas y sociales
Por: José Gregorio Figueroa Zabala
@figueroazabala
La reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos aprobada por la Asamblea Nacional el 29 de enero de 2026 representa un cambio significativo en la gestión del principal recurso económico de Venezuela. Esta transformación normativa, que abre espacios al sector privado y modifica mecanismos tradicionales de control estatal, requiere ser debidamente analizada desde múltiples perspectivas con apoyo en fuentes verificables.
Según reportes internacionales, la reforma permite privatizar e incorporar a operadores privados en actividades antes reservadas exclusivamente al Estado, lo que constituye un giro histórico en un sector dominado por la estatal PDVSA durante más de dos décadas.
Un giro estructural en la industria
Hasta ahora, las actividades primarias del petróleo —exploración, extracción, transporte y comercialización— estaban casi totalmente bajo el dominio estatal con muy limitada participación privada. Esto respondía a políticas consagradas en la Constitución y en reformas previas de la ley de hidrocarburos en 2006. La nueva reforma rompe con ese esquema al abrir de forma explícita la participación de empresas privadas y extranjeras en la cadena de valor petrolera, siempre bajo ciertos requisitos y la propiedad estatal de los yacimientos.
En concreto, la reforma:
- Autoriza a que operadores privados realicen actividades primarias con contratos o estructuras nuevas diseñadas para atraer inversión.
- Permite la comercialización directa de crudo y el manejo de ingresos en cuentas bancarias en el exterior bajo ciertas condiciones.
- Establece mecanismos de resolución de conflictos que incluyen arbitraje internacional, un cambio relevante con respecto a la obligatoriedad de juicios internos tradicionales.
Estos cambios buscan responder a una industria debilitada por años de mismanagement, caída de producción y sanciones internacionales, con Venezuela ostentando a pesar de ello las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo.
La fiscalidad y las regalías: flexibilidad estratégica
Uno de los núcleos de debate es el régimen fiscal. La reforma mantiene un tope de regalías en 30 %, pero concede al Ejecutivo la facultad de reducirlas para asegurar la viabilidad económica de determinados proyectos cuando así lo ameriten las condiciones del mercado.
Adicionalmente, se crea un nuevo sistema de impuestos integrados con tasas variables, y se eliminan varios gravámenes antiguos que se consideraban obstáculos a la inversión.
Este mecanismo refleja la intención declarada de hacer más competitiva la industria petrolera venezolana y atraer capitales en un mercado global donde los países productores compiten por inversión productiva.
Transparencia, seguridad jurídica y sostenibilidad
Un elemento que la reforma intenta consolidar es la seguridad jurídica mediante reglas más claras y mecanismos de disputa confiables, como el arbitraje. El reconocimiento de estos mecanismos, comunes en contratos internacionales de hidrocarburos, es una señal de adaptación a prácticas internacionales.
Asimismo, aunque el texto legal no está orientado directamente a temas ambientales, la apertura a tecnologías limpias y esquemas que incentiven la eficiencia energética pueden complementarse con políticas públicas futuras. Esta dimensión será esencial si Venezuela quiere alinearse con compromisos globales de sostenibilidad.
Conclusiones: más allá de las cifras
La reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos trasciende un simple ajuste legal: es un reajuste estratégico con efectos económicos, políticos y sociales. Su éxito dependerá de la capacidad del país para:
- Generar confianza en inversionistas mediante seguridad jurídica y transparencia.
- Integrar condiciones que impulsen empleo local y desarrollo tecnológico.
- Traducir ingresos petroleros en beneficios sociales amplios y sostenibles.
En este contexto, corresponde a los distintos actores —públicos, privados y ciudadanos— profundizar el debate sobre cómo equilibrar la apertura al capital con la protección de los intereses nacionales en uno de los sectores más sensibles de la economía.
