Tres países africanos aceptan deportados desde EE.UU. en acuerdos con Washington
Ruanda, Sudán del Sur y Esuatini reciben migrantes deportados por Estados Unidos en medio de críticas por violaciones a los derechos humanos y falta de garantías legales.
Tres países africanos han comenzado a recibir migrantes deportados desde Estados Unidos como parte de una política de externalización migratoria promovida por la administración de Donald Trump. Con la reciente aprobación de Ruanda, ya se suman Esuatini (antigua Suazilandia) y Sudán del Sur a la lista de destinos no originales para personas expulsadas, lo que ha generado una ola de críticas a nivel internacional.
Según El País de España, además de estos tres países africanos, seis países de América Latina también han establecido acuerdos con Washington para recibir migrantes que no son sus ciudadanos, en el marco de lo que el expresidente Trump ha definido como “la mayor deportación de la historia”.
De acuerdo con Nicolas Palazzo, asesor legal de la organización HIAS,
“Existe un esfuerzo deliberado del gobierno de Estados Unidos por aumentar al máximo los destinos a los que pueden deportar personas, sin importar su nacionalidad o situación legal.”
A pesar de que el gobierno estadounidense califica a estos países como “seguros”, diversos informes, incluidos documentos del propio Departamento de Estado, evidencian realidades muy distintas. En Esuatini, los migrantes han sido confinados en régimen de aislamiento, sin acceso a representación legal. En Sudán del Sur, ocho migrantes —provenientes de países como Cuba, Laos y Myanmar— fueron enviados a un entorno marcado por la violencia y el colapso humanitario.
En el caso de Ruanda, el gobierno ha prometido ofrecer asistencia médica, alojamiento y formación laboral a los 250 deportados que recibirá. Sin embargo, antecedentes como el fallido acuerdo con el Reino Unido, declarado ilegal por la justicia británica, alimentan la desconfianza.
Según The New York Times, Estados Unidos ha iniciado conversaciones con decenas de países en Europa, África, Asia y América Latina para ampliar estos acuerdos. Entre ellos figuran Marruecos, Túnez, Togo, Tayikistán, Libia y Turkmenistán, países con serias denuncias por abusos a los derechos humanos o inestabilidad política.
Además, países como Uzbekistán han servido como plataformas temporales para deportaciones, permitiendo el aterrizaje de vuelos con migrantes que luego son trasladados a sus países de origen.
Estas deportaciones fueron autorizadas temporalmente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que permitió retomar los vuelos mientras se resuelve una demanda judicial. Desde entonces, los traslados han sido ejecutados sin previo aviso a los detenidos, sin procesos legales adecuados y sin informar a sus familiares.
Los deportados llegan a países donde no conocen a nadie, no dominan el idioma y, en muchos casos, no obtienen ningún estatus legal, quedando atrapados en una situación de vulnerabilidad extrema.
A cambio de aceptar deportados, los países receptores han recibido subvenciones económicas, intercambios diplomáticos e incluso presión política favorable. Por ejemplo, El Salvador recibió 5 millones de dólares por aceptar más de 200 ciudadanos venezolanos. Kosovo, por su parte, se ofreció a acoger hasta 50 migrantes a cambio de apoyo diplomático de EE. UU. para su reconocimiento como Estado soberano.
México, Costa Rica, Panamá y Guatemala también han participado en acuerdos puntuales, aunque varios han sido suspendidos por presión social o preocupaciones humanitarias.
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