Venezuela entrega en la CIJ documento con nuevas pruebas sobre la Guayana Esequiba
La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que la delegación presentó 50 volúmenes con evidencias históricas, jurídicas y políticas que respaldan la soberanía venezolana sobre el territorio en disputa.
La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez anunció este lunes 11 de agosto que una delegación oficial entregó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un nuevo documento que amplía la verdad histórica y jurídica sobre los derechos de Venezuela en la Guayana Esequiba.
En representación de la Comisión Presidencial para la Defensa del Territorio de la Guayana Esequiba, participaron el procurador general Reinaldo Muñoz, el embajador ante la ONU Samuel Moncada y agentes del Estado ante la CIJ, quienes consignaron 50 volúmenes con pruebas y evidencias.
Rodríguez aseguró que el material demuestra el carácter fraudulento del laudo arbitral de 1899 y el Tratado de Washington de 1897, señalando que estos instrumentos fueron utilizados para despojar a Venezuela de un territorio rico en recursos. También reiteró que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único instrumento válido para dirimir la controversia.
Venezuela ratifica su rechazo a la jurisdicción de la CIJ
La vicepresidenta leyó un comunicado oficial donde se reafirma que el país no reconoce la jurisdicción de la CIJ en este caso, en cumplimiento del mandato popular emanado del referendo del 3 de diciembre de 2023.
«No acataremos sentencia alguna de la Corte y la entrega de este documento no implica consentimiento ni reconocimiento de su autoridad sobre la controversia territorial», enfatizó Rodríguez.
El texto también señala que la acción iniciada por Guyana en 2018 ante la CIJ es un intento de reeditar el “fraudulento laudo” de 1899, considerado nulo por Venezuela.
Un conflicto de más de un siglo
La disputa por la Guayana Esequiba, territorio de aproximadamente 159.500 km², se remonta al siglo XIX y sigue siendo uno de los temas más sensibles de la política exterior venezolana. Para el gobierno, esta entrega ante la CIJ es una reafirmación de su posición histórica y un ejercicio de defensa de la soberanía nacional.
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