Regulación al Delivery en Venezuela Desata Polémica: Consultor Tributario Alerta sobre Inconstitucionalidad de Concesiones e Impuestos
Expertos y Observatorios Cuestionan Medidas Administrativas que Impactan el Sector de Entregas a Domicilio
En medio de la creciente demanda por servicios de delivery en Venezuela, la reciente regulación que implica la solicitud de concesiones postales y la imposición de impuestos ha generado controversia y preocupación en el ámbito tributario y legal del país.
El consultor y auditor tributario, Héctor Orochena, ha levantado la bandera de la inconstitucionalidad al cuestionar la legalidad de estas medidas, las cuales, según argumenta, carecen del respaldo legislativo necesario para su aplicación. Orochena sostiene que la imposición de nuevos impuestos mediante providencias administrativas vulnera directamente el artículo 317 de la Constitución Nacional, que prohíbe la creación de tributos no establecidos por ley.
La disposición, oficializada en la Gaceta Oficial 42.813 el 5 de febrero, establece un impuesto del 1 % sobre todas las encomiendas comercializadas a través de aplicaciones digitales, un sector que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años.
Más allá de la preocupación tributaria, la regulación plantea interrogantes sobre la legalidad del uso de la criptomoneda petro como unidad de cuenta, así como la falta de transparencia en cuanto al destino de los fondos recaudados.
Mientras el Instituto Postal Telegráfico (Ipostel) se prepara para implementar las nuevas normativas, críticos legales, como el observatorio venezolano Acceso a la Justicia, también señalan la inconstitucionalidad de estas medidas. Argumentan que las providencias administrativas limitan la libertad económica y vulneran el principio de legalidad penal al establecer sanciones no previstas en leyes existentes.
Ante este escenario, el debate sobre la legalidad y la justicia de las regulaciones al servicio de delivery en Venezuela continúa en aumento, desencadenando preocupación tanto en el ámbito empresarial como en el legal, y dejando abierta la discusión sobre los límites del poder ejecutivo en la creación de impuestos y regulaciones.
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— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) February 27, 2024
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