Por Jose Gregorio Figueroa Zabala: Excesos Tributarios y su Impacto en la Empresa Privada

No hay discusión sobre la obligación de contribuir con los gastos del Estado; de hecho, la Constitución nacional así lo señala. Sin embargo, lo que se discute y critica es la gran cantidad de impuestos fiscales y parafiscales que el sector privado está obligado a cumplir. Desde el momento en que se obtiene el Registro de Información Fiscal (RIF), las empresas se encuentran con una lista casi interminable de obligaciones tributarias.

Entre estos impuestos, encontramos el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Ley Orgánica Contra las Drogas con tasas que varían entre 1% y 2%, la Ley del Deporte con un 1%, el Impuesto de Ciencia y Tecnología, el Impuesto sobre Grandes Transacciones Financieras, el Seguro Social Obligatorio que oscila entre el 9% y el 11%, la Ley de Protección de los Pensionados con un 9%, las cargas de Inpsasel, el Fondo de Ahorro Habitacional, el Inces, y los aranceles y servicios de aduanas en caso de exportación. A estos se suman los impuestos municipales como el de Actividades Económicas, Inmuebles Urbanos, entre otros.

En total, estos impuestos suman aproximadamente el 60% de los ingresos de una empresa, lo cual representa un duro golpe para la empresa privada y dificulta su capacidad de reinversión. A esto se le añade las dificultades de acceso al crédito bancario debido al elevado porcentaje del encaje legal. Esta carga tributaria se convierte en una pesada losa que aplasta el espíritu emprendedor y la capacidad de crecimiento de las empresas.

Además, debemos considerar la incertidumbre político-económica, la inseguridad jurídica, y la inseguridad personal y de bienes, factores que se traducen en una pérdida de confianza, el elemento más importante para poder iniciar un proceso de recuperación de la productividad nacional. La confianza es el pilar sobre el cual se construyen las decisiones de inversión y expansión empresarial, y su ausencia paraliza cualquier esfuerzo de desarrollo.

La necesidad de recursos financieros por parte del Estado, más allá de la obligación constitucional de contribuir con los gastos, nos lleva a una gran pregunta: ¿Qué se hicieron? ¿A dónde fueron a parar los enormes recursos recibidos por el tesoro nacional cuando el precio del barril de petróleo llegó a 120 dólares y la producción petrolera sobrepasaba los tres millones de barriles?

La falta de discrecionalidad, racionalidad y transparencia en el manejo del gasto público indudablemente derivó en la difícil situación que se vive actualmente. El calamitoso estado actual de la principal empresa del país, Pdvsa, la corrupción reinante en el aparato burocrático y el desorden en la toma de decisiones han llevado al Estado a asfixiar con una gran y elevada carga tributaria a un sector clave para la recuperación nacional como es el sector privado.

Es imperativo que se reevalúe el esquema tributario vigente y se busquen fórmulas que permitan aliviar la carga sobre las empresas, incentivando la inversión y el crecimiento. La reactivación de la economía no puede depender únicamente del sector público, cuya eficiencia y transparencia han sido cuestionables, sino de un sector privado fuerte y dinámico que pueda generar empleo y riqueza.

La recuperación económica del país pasa por establecer un entorno más amigable para las empresas, donde la carga impositiva sea razonable y permita la reinversión y el crecimiento. Solo así podremos construir un futuro próspero y sostenible, donde la empresa privada no sea vista como un enemigo a combatir, sino como un aliado fundamental para el desarrollo nacional.

Jose Gregorio Figueroa Zabala
@figueroazabala