Defensores del caso Pdvsa-Cripto denuncian torturas, irregularidades y juicio político
Abogados y familiares de los imputados exigen juicio oral público, traslado presencial de los acusados y la presencia de observadores internacionales ante un proceso marcado por presuntas violaciones constitucionales y tratos inhumanos.
En las afueras del Palacio de Justicia de Caracas, un equipo de abogados defensores de los procesados en el caso Pdvsa-Cripto convocó este viernes una rueda de prensa para denunciar ante la opinión pública una serie de presuntas irregularidades constitucionales, procesales y de derechos humanos que, según afirman, caracterizan el desarrollo de este proceso penal. Los juristas calificaron la causa como un “juicio de naturaleza política” carente de validez jurídica y exigieron que el juicio oral se celebre de manera pública y transparente.
Según el equipo legal, las aprehensiones de los imputados se realizaron sin orden judicial previa ni situación de flagrancia, en aparente contravención del ordenamiento jurídico venezolano. A ello se sumó la exclusión de la defensa privada durante las fases iniciales de la investigación, lo que, según los abogados, impidió el acceso oportuno a las actas procesales y dificultó la presentación de recursos de impugnación y medios de prueba.
El abogado Jeset García, vocero del equipo legal, rechazó además el intento de continuar el proceso bajo modalidad telemática, señalando que la causa acumula ya 16 audiencias celebradas de forma presencial. García precisó que la audiencia más reciente ha sido diferida en dos oportunidades porque el director del Servicio Penitenciario de Máxima Seguridad (Sesmas) del Rodeo I se ha negado a cumplir la orden judicial de traslado de los imputados a la sede del tribunal.
Los defensores señalaron que el expediente presenta un marcado desorden procesal: actas y autos sin firmas de los intervinientes, piezas con nomenclaturas desconocidas y cambios de centros de reclusión ejecutados sin solicitud del tribunal ni de los propios imputados. Esta situación, indicaron, evidencia “la falta de autonomía de los tribunales penales frente a los organismos de seguridad e investigación penal del país”.
Uno de los aspectos más graves denunciados es que varios de los procesados superan los tres años bajo arresto preventivo sin sentencia dictada, lo cual excede el límite máximo establecido por la legislación venezolana para las medidas de coerción personal.
La defensa asegura que los imputados han sido sometidos a tratos crueles e inhumanos durante su reclusión y en los traslados. Pese a las solicitudes realizadas ante las autoridades penitenciarias y el deterioro físico documentado de varios detenidos, denuncian que el Estado ha desatendido su deber de custodia y ha vulnerado el derecho a la vida y a la integridad física y mental de los procesados.
Ante este escenario, los abogados exigen la participación de la Defensoría del Pueblo, los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en calidad de observadores, para garantizar un proceso “efectivo, transparente e imparcial”. También reclaman el acceso de delegaciones consulares extranjeras acreditadas a las sesiones del juicio oral.
Ana Carucí y María Alis Roa, madre y hermana del exministro y exdiputado Hugbel Roa, denunciaron que su familiar fue vinculado al caso Pdvsa-Cripto como represalia directa por investigaciones previas que involucraban al exfiscal general Tarek William Saab y a su hermano Douglas Saab, quien —según las declarantes— habría monopolizado contratos en la estatal petrolera por más de dos décadas.
“Como no pudo matarlo, entonces lo metió preso”, afirmó María Alis Roa, hermana del exdiputado. El estado de salud de Roa genera profunda preocupación: según su familia, pasó de pesar 105 kilogramos al momento de su detención a apenas 62 kilogramos en la actualidad. Las visitas, relataron, se limitan a 20 minutos a través de un vidrio divisorio. Durante la última audiencia, el propio Roa declaró ante la juez que fue golpeado al regresar al penal tras testificar, y que esas agresiones fueron grabadas “por instrucciones del propio Tarek William Saab”.
Mariana Parra, familiar de los exdirectivos de Bancamiga Carmelo, Daniel y Levin De Grazia, reveló que los tres empresarios permanecieron incomunicados durante los primeros cinco meses tras su detención. Según Parra, los interrogatorios —realizados presuntamente con violencia— se centraron en localizar y adjudicar la titularidad de sus activos corporativos y patrimoniales.
En el desarrollo del juicio oral se habría revelado el presunto robo de fondos de las bóvedas de Bancamiga durante el proceso de intervención estatal, así como la identidad de quienes recibieron esos recursos. “Aquí no se trata de hacer justicia. Aquí se trata de que hubo un robo y quieren tapar eso”, expresó la esposa de Carmelo De Grazia. La institución financiera, señalaron, pasó a manos privadas y es dirigida actualmente por José Simón Elarba, presidente de la empresa Fospuca.
Entre los casos más emblemáticos por su desproporción se encuentra el de Luis Daniel Guzmán, joven de 30 años que llevaba apenas cuatro meses como chofer de la esposa del empresario Daniel Prieto cuando fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Su padre, Rafael Guzmán, denunció que su hijo fue sometido a torturas en El Helicoide para obligarlo a declararse culpable y a revelar bienes que, según él, no posee.
“Mala leche, todos van a pagar”, habría respondido un comisario cuando el propio Prieto certificó la inocencia de sus choferes. Luis Daniel Guzmán, quien vivía en una habitación alquilada, enfrenta los mismos cargos que el resto de los imputados —asociación para delinquir, terrorismo y posesión de bienes públicos— junto a al menos otros cuatro conductores en la misma situación. Actualmente participa en una huelga de hambre tras sufrir graves afecciones gastrointestinales en el centro de reclusión de Yare II.
El caso Pdvsa-Cripto se perfila como uno de los procesos penales más complejos y controversiales de la Venezuela reciente, con decenas de imputados que van desde exfuncionarios hasta empleados domésticos y choferes. Las denuncias de torturas, detenciones arbitrarias, silenciamiento mediático y presunta manipulación judicial presentadas este viernes por la defensa no solo cuestionan la integridad del proceso, sino que proyectan una sombra de gravedad sobre el sistema de justicia venezolano ante la comunidad internacional. La presión de organismos como la CIDH y la ONU, si se materializa, podría convertirse en el factor determinante para que este juicio, si finalmente ocurre en público, sea también un espejo de las condiciones reales del Estado de derecho en el país.
